Garzón anuncia autos contra Batasuna en la última resolución dictada contra Segi.
Información publicada en GARA el 13 de marzo de 2002.

OFENSIVA JUDICIAL CONTRA LA IZQUIERDA ABERTZALE
Garzón anuncia autos contra Batasuna en la última resolución dictada contra Segi

El juez Baltasar Garzón anuncia autos contra Batasuna en la resolución judicial por la que ordenó el ingreso en prisión de once de los doce detenidos en Bizkaia, Araba, Nafarroa y Madrid acusados de «integración en organización terrorista ETA-Ekin-Segi». Avanza que «la cobertura y apoyo logístico a Segi deberá valorarse aparte», al igual que «la «eventual responsabilidad civil subsidiaria» de Batasuna en los daños causados en 46 actos de «kale borroka». «De este particular se resolverá en los autos principales», señala el instructor después de pedir que se informe de ello al Ministerio Fiscal.R. SOLA-A. BASAÑEZ BILBO

Las referencias a Batasuna son constantes en el auto por el que el juez Baltasar Garzón encarcela a doce de los once detenidos en la operación policial iniciada a última hora del pasado jueves y dicta nueve órdenes de busca y captura contra otros tantos jóvenes. El magistrado considera acreditado que la formación abertzale presta «cobertura y apoyo logístico a Segi» y plantea atribuirle «res- ponsabilidad civil subsidiaria» para abonar 18.227.636,70 euros, montante en el que cifra los daños materiales de 46 actos de kale borroka que atribuye a los jóvenes imputados por «integración en organización terrorista ETA-Ekin-Segi».

El anuncio de Garzón se produce en un contexto político en el que el Gobierno español impulsa la reforma de la Ley de Partidos Políticos en aras a la ilegalización de la formación abertzale, estudia medidas complementarias y se niega a hacer frente a deudas electorales fijadas en sentencia firme.

En la nueva resolución, Garzón da por sentado que Batasuna ofrece «cobertura y apoyo logístico» a la organización juvenil, cuyas actividades ilegalizó en febrero. En un pasaje señala que una reunión de «los responsables de Segi» se realizó «en la sede de Batasuna de San Sebastián (evidencia de la vinculación de ésta con Segi)».

Requiere, además, a la UCI para que elabore un informe policial en el que basar «la eventual responsabilidad civil subsidiaria», insta a que se informe de esa diligencia «también al Ministerio Fiscal» y se limita a anunciar que «este particular se resolverá en los autos principales».

La atribución de «responsabilidad civil subsidiaria» a Batasuna supondría en la práctica que la formación abertzale debería hacer frente a los más de 18 millones de euros demandados por el juez a los imputados.

A través de este auto, Garzón acusa de un «posible delito de integración en organización terrorista ETA-Ekin-Segi» a un total de 21 jóvenes. Se trata de los doce detenidos el viernes ­encarcelados todos ellos salvo Oier Oa­, y otros nueve que aparecen citados ahora y que no han sido arrestados: Xabier Gogenola, Garikoitz Mujika, Aitor Elizaran, Eneko Aizpuru, Jon Markel Ormazabal, Zigor Ruiz, Haritza Galarraga, Amaia Rekarte e Yves Matxikotte. El juez indica que los tres últimos tienen «nacionalidad francesa» y remarca que «sus actos de dirección han tenido concreción y trascendencia en España».

Según su interpretación, todos ellos deben ser considerados como inductores de 46 delitos de «terrorismo» producidos después de que Segi convocara acciones de protesta por motivos como dos operaciones del propio Garzón o la muerte de la militante de ETA Olaia Kastresana. Considera que los llamamientos, de los que responsabiliza a los acusados, fueron «eje- cutados por los militantes de Segi, que responden en un actuación a los criterios de subordinación y jerarquía de la organización terrorista ETA-Ekin -Segi en la que se integran».

A su juicio, «la inducción va directa y especialmente dirigida a conseguir ese efecto (los cuantiosos daños) y ningún otro diferente, a la vez que podían haberse evitado con la decisión de no convocar o de indicar que cesara. Ni una cosa ni la otra se producen, sino más bien la contraria, la reiteración delictiva hasta tres veces», señala.

La elección de los imputados ha sido basada por Baltasar Garzón en su mera aparición en documentos, vigilancias y seguimientos policiales o escuchas telefónicas. En este contexto se relacionan nada menos que 45 conversaciones y 18 reuniones que, según la interpretación del juez, tienen relación con la actividad de Segi.

En otro punto del auto, el magistrado deja entrever además que la organización ha sido sometida a un intenso control, dado que, según dice, ésta ha adoptado «grandes medidas de seguridad tanto en comparecencias públicas como en las comunicaciones y movimientos de los responsables».

Así, Garzón se queja de que «apenas se utilizan los teléfonos fijos, en beneficio de las cabinas públicas, se cambian las tarjetas de los móviles, se limitan los mensajes a la militancia y a la sociedad, y se otorga la representación de la organización a una persona aforada (por ser parlamentaria) o a los responsables de nacionalidad francesa».

Bajo el epígrafe «Segi, como antes Jarrai-Haika, sigue las directrices de ETA-Ekin», cita las «jornadas de lucha, manifestaciones, huelgas, etcétera, de las cuales se derivan ingentes daños a propiedades públicas y privadas, y dirigen las campañas de coacción y amenazas contra ciudadanos, instituciones, partidos políticos, funcionarios del Estado o empresas de trabajo temporal».

El juez reconoce que en los registros en varias herriko taberna, una sede abertzale en Iruñea y los domicilios de los imputados se hallaron sólo pegatinas, carteles, documentos de Segi y de otras organizaciones juveniles como Duina, o agendas personales en las que se incluyen anotaciones como «Bartzelona» con las fechas de los días 15 y 16 de marzo.

Observa «relación» con acciones armadas

R.S. BILBO

Además de las 46 acctos de kale borroka que imputa a los jóvenes en concepto de «inducción», Baltasar Garzón asegura que las actividades de Segi «guardan relación» con atentados de ETA. Apoya esta tesis en carteles, pegatinas o documentos en los que se critica a algunos sectores cuyos representantes han sufrido atentados de esa organización.

Así, trae a colación una campaña sobre los medios de difusión realizada por Jarrai en 1999 y dice que «debe ponerse en relación de causa-efecto» con el atentado mortal contra José Luis López de Lacalle en Andoain.

Del mismo modo, el juez afirma haber incautado en el registro de la herriko taberna Irrintzia de Bilbo un panfleto que califica de «fascistas» a Nuevas Generaciones y Juventudes Socialistas, organizaciones juveniles de PP y PSOE. «Estas acusaciones guardan relación con el intento de asesinato del militante de JJ.SS. Eduardo Madina», afirma en relación al atentado del 19 de febrero en Sestao. Para tratar de apuntalar esa tesis, subraya además que el atentado está citado en una revista hallada en otro registro.

Ilegalizaziorako «pausu berri bat» ikusten du Batasunak

R.S. IRUÑEA

«Atentatu judiziala» eta «gerra judiziala» bezala definitu du Joseba Permach Batasunako koordinatzaileak Garzonen azken erabakiak. Bere ustez, sakoneko helburua «prozesu demokratikoa oztopatzea da» eta ondorioz hori aurrera eraman nahi duten guztiak «jopuntuan» ditu Alderdi Popularrak.

«Pausoak ematen ari dira, bide judiziala prestatzen ari dira, baina planteamendua ez da izan behar iraganeko eskemetara itzultzea, gaurko egunean, zorionez, eztabaida Aberri Egunaren inguruan dagoelako», nabarmendu zuen Joseba Permachek. «Horretan, aurrera egiteko konpromisoa berretsi behar dugu», nabarmendu zuen.

Batasunakoen esanetan, astelehenean emandako epaia «larria da berez», hamaika gazteren atxiloketa ekarri duelako, baina aldi berean salagarria da prozesua demokratikoa zapuztu na- hia barruan daramalako, «salbuespen egoera» barreiatuz. «Honetarako, edozerk balio du: txosten polizialak, torturak, inpunitatea osoz jokatzen dute», nabarmendu zuen koordinatzaile abertza- leak, horren aurrean ez ikusiarena egiten dutenen jokabidea salatuz.

Bitartean, Segi eta Askatasunaren ilegalizazioaren kontra Batasunak Arabako Batzar Orokorretan ireki nahi zuen eztabaida ez da egingo, EAJk PP, UA eta PSErekin batera aurkako botoa eman zuen eta. Bere aburuz, horrela Garzonen sarekadei «babes politikoa» ematen diote jelkideek.

Xabier Arzalluz EBBko lehendakariak, atzo egindako adierazpenetan, Batasunaren ilegalizazioa «astakeriatzat» jo zuen, eta PSOE neurri horren alde dagoenik zalantzan jarri zuen.

Segik, bere aldetik, «aurrera jarraituko dugu determinazio osoz geure buruak antolatzen» agertu du prentsa-ohar baten bidez: «Jakin dezatela euskal gazteriak Euskal Herriaren defentsan eta eraikuntzan arloz arlo lanean jarraituko duela. Orain inoiz baino gehiago alternatiba erreal bakarra independentzia eta sozialismoa dela argi dugu».

«Espainiar faxismoak gartzelaratu gaitu, jipoitu gaitu, legez kanpo utzi gaitu, baina ez dute euskal gazteriaren askatasun egarria errepresioz asetuko», gaineratu du.